24/1/1969 Instauración del estado de excepción

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24/1/1969 Instauración del estado de excepción

El 24 de enero de 1969 el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que establecía el estado de excepción en todo el territorio nacional durante un período de tres meses –que en la práctica quedaría reducido a dos–, suspendiendo una serie de artículos del Fuero de los Españoles. Era la primera vez que se tomaba tan grave decisión para toda España desde el final de la guerra civil.

En 1968 se habían producido grandes manifestaciones estudiantiles en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles, coincidiendo con las llevadas a cabo por sus compañeros de otros países en contra de la invasión soviética de Checoslovaquia durante la “primavera de Praga”. A pesar de añadirse a estas protestas los obreros industriales, todos los movimientos fueron de naturaleza asamblearia, desbordando siempre los cauces de participación ciudadana convencional, tanto sindicales como políticos, pero recibiendo gran apoyo por parte de los medios de comunicación. En el caso de Francia –y sobre todo de París–, el movimiento tuvo una especial repercusión, forzando al general De Gaulle a la convocatoria de elecciones anticipadas e incrementado la resonancia que el “movimiento del 68” venía produciendo en todo el mundo.

Durante la década de los sesenta, la protesta social había sido protagonizada en España de manera espontánea por el movimiento obrero y el sector estudiantil, creciendo vertiginosamente el número de huelgas y conflictos tanto en los centros universitarios como en los medios fabriles industriales, sobre todo de Asturias, Barcelona, País Vasco y Madrid. La consiguiente represión se incrementó en paralelo al aumento de las protestas, demostrando la falta de preparación de las fuerzas del orden público para enfrentarse con las manifestaciones pacíficas de cualquier tipo de colectivos sociales. El 17 de enero de 1969, mientras un millar de estudiantes celebraba una asamblea en el anfiteatro de la Universidad de Barcelona, un grupo se dirigió al rectorado destrozando el mobiliario, arrojando a la calle un busto de Franco y quemando una bandera nacional.

En Madrid, el día 20, con ocasión de la detención de varios miembros del Frente de Liberación Popular (FLP), murió a manos de la policía el estudiante de la Facultad de Derecho, Enrique Ruano Casanova. El diario ABC pretendió convertir su asesinato en “suicidio”, dando la noticia de haberse tirado por una ventana del séptimo piso de un edificio que estaba siendo registrado por la policía en presencia del estudiante detenido. Los siguientes días se organizaron manifestaciones frente a la casa del joven asesinado, procediéndose a la quema de periódicos en protesta por las informaciones falsas publicadas por orden del Ministerio de Información, en las que pretendían hacer pasar un asesinato policial por un suicidio. Las masivas protestas estudiantiles de la mayoría de las universidades fueron también inmediatas, así como la petición que mil quinientas personalidades, entre ellas numerosos sacerdotes, dirigieron al gobierno, en la que se denunciaban los malos tratos de la policía.

El día 25 de enero, coincidiendo con la publicación del decreto ley en el BOE y, en consecuencia, su entrada en vigor, se impuso la estricta censura previa de la prensa, se clausuraron las editoriales progresistas y se cerró la Universidad con la justificación de "para evitar que se arrastre a la juventud a una orgía de nihilismo e indisciplina". Pero, lejos de apaciguar el conflicto, la suspensión de las garantías concedidas por el Fuero de los Españoles provocaron la inmediata intensificación de las huelgas, las detenciones, las denuncias, las torturas policiales, las condenas y las protestas generalizadas, persiguiéndose a los obreros y estudiantes que se manifestaban y distribuían octavillas condenando la situación. La represión golpeó duramente a los estudiantes izquierdistas y responsables sindicales, siendo decisiva la influencia militar para el incremento de la dureza del estado de excepción. Aquel triste episodio marcó un punto de inflexión de la oposición a la dictadura.

La presencia intimidatoria de la policía en la Universidad supuso que, cuando el 25 de marzo se levantó el estado de excepción, se hubiese producido una importante desmovilización estudiantil. Poco a poco, los estudiantes fueron cediendo el protagonismo de la lucha antifranquista a los partidos y sindicatos clandestinos. Durante los dos meses de duración fueron detenidas 735 personas, de las que 315 eran estudiantes. Entre los detenidos, lo fueron 190 militantes de UGT, PSOE y JSE, pertenecientes a las Federaciones de Asturias, País Vasco, Andalucía y Madrid.

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